En México se está librando, con bastante menos ruido del que merece, una discusión que puede cambiar la economía de los pagos con tarjeta.

Banco de México y la CNBV tienen actualmente en consulta una nueva regulación para las Redes de Medios de Disposición. Entre otras cosas, la propuesta busca reducir las cuotas de intercambio: la comisión que, simplificando mucho, recibe el banco emisor cada vez que utilizamos una tarjeta. El proyecto contempla límites de hasta 1.30% por operación en crédito, acompañado de un límite acumulado de 1% a doce meses, y para débito un esquema de $10.80 por operación más un límite acumulado de 0.30%. La transición sería gradual.

Detrás de los porcentajes hay una discusión bastante más interesante.

Durante años, la autoridad de competencia ha señalado una particularidad del mercado mexicano: buena parte de la infraestructura de compensación pertenece precisamente a algunos de los grandes bancos que, al mismo tiempo, son importantes emisores de tarjetas. La reforma intenta abrir ese ecosistema, fomentar interoperabilidad y limitar prácticas discriminatorias.

Y ahí aparecen los agregadores —Clip, Mercado Pago y muchos otros—, que ya representan alrededor del 70% de las terminales punto de venta del país. La propuesta les impone nuevas obligaciones, como liquidar recursos a los comercios el mismo día, mantener cuentas segregadas y transparentar comisiones; pero también parece darles mejores condiciones para competir frente a los adquirentes tradicionales.

El argumento regulatorio es sencillo: si aceptar tarjetas cuesta menos, más comercios podrían hacerlo. Y hay mercado: millones de pequeños negocios todavía no reciben pagos con tarjeta.

Pero bajar una comisión no significa necesariamente que ese ahorro termine en el bolsillo del comercio. Entre el emisor y el establecimiento existen adquirentes, agregadores, marcas, cámaras de compensación, infraestructura y distintos márgenes comerciales. La regulación puede comprimir un tramo de la cadena; la competencia tendría que hacer el resto.

Además, esta película todavía no termina. Versiones anteriores de la propuesta fueron modificadas después de escuchar al sector financiero, y la consulta actual permanece abierta.

La verdadera pregunta quizá no sea si las cuotas van a bajar, sino quién terminará capturando el beneficio de esa reducción.

¿Pesará más la capacidad de negociación de los grandes emisores y de la banca tradicional, o la entrada de nuevos jugadores conseguirá que la competencia haga lo que la regulación, por sí sola, difícilmente puede garantizar?